¡Ponete la camiseta de Familiares!

SERPAJ realiza talleres en el marco de la Campaña contra la Baja de la Edad de Imputabilidad

 Por informes: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. / Tel. 24085301

Talleristas: Mariana Mosteiro / Mauro Tomasini

Uruguay rinde su segundo Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El 29 de enero de 2014, Uruguay rindió examen ante el Grupo de Trabajo del EPU.

SERPAJ junto a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, HIJOS, CRYSOL, Fundación Mario Benedetti, Fundación Zelmar Michelini, IELSUR, Iguales y Punto, Pro Derechos, Mesa Permanente contra la Impunidad, Movimiento de Educadores por la Paz, Secretaría de DDHH del PIT - CNT, Colectivo Denunciantes 2011, FUCVAM, ONAJPU, Amigos y amigas del MUME, CAINFO y Observatorio "Luz Ibarburu" realizaron una contribución referida a las Recomendaciones 64 y 66 formuladas al Estado uruguayo.

La sesión fue trasmitida por la Internet y puede seguirse a través del siguiente vínculo: http://youtu.be/XyjM8nwQuj0

El documento redactado por el colectivo de organizaciones puede descargarse aquí: http://www.upr-info.org/IMG/pdf/js5_upr18_ury_s_main.pdf

Otros materiales sobre el 2do. Ciclo del Examen Periódico Universal referidos a Uruguay están disponibles en: http://www.upr-info.org/Examen-2014-1776.html

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”

El 17 de enero de 2014 la CIDH publicó el informe, motivado en su “particular atención a la grave situación de las personas privadas de libertad en las Américas”. La Comisión también entiende que “uno de los principales desafíos que enfrentan la absoluta mayoría de los Estados de la región es el uso excesivo de la detención preventiva”. Entre los ejemplos señalados se cita nuestro país, donde los “porcentajes de personas privadas de libertad en espera de juicio son realmente alarmantes”.
El informe se basa en información brindada por los propios Estados y también en la recogida por los órganos internacionales de control y la propia Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

“En relación con Uruguay, es necesario señalar que este país presenta una tasa alta de personas en prisión preventiva: 65% y un índice de 180 presos preventivos por cada 100,000 habitantes100.
En su visita a Uruguay,la Relatoría de Personas Privadas de Libertad constató que existe una cultura muy arraigada en los operadores de justicia de privilegiar el uso de la prisión preventiva como medida cautelar,de ahí que la CIDH instara al Estado a: “promover un cambio en la cultura y la práctica judicial establecidas, que produzca un verdadero cambio de paradigma en la concepción de la procedencia y necesidad de la prisión preventiva”. Este criterio también es aplicable a la mayoría de los países de la región, en los que aún la excepcionalidad de esta medida como principio rector de su aplicación no ha sido totalmente asumida por los operadores de justicia.

En Uruguay, del total de 6,065 personas en prisión preventiva al 31.07.12: 5,588 son hombres (92.1%) y 477 mujeres (7.86%).
El Estado informó además que al 31 de julio el número de personas que han cumplido o superado los 24 meses de prisión preventiva es de 1,120 en todo el país.

Por su parte,la Comisión Interamericana en el caso Peirano Basso v.Uruguay estableció que: (a) el tipo de delito y la severidad de la pena pueden ser tomadas en cuenta como algunos de los elementos al momento de evaluar el riesgo de fuga (no el único, como ya se ha visto), pero no como justificación de la prolongación excesiva de la prisión preventiva, toda vez que la privación de libertad durante el proceso sólo puede tener fines cautelares y no retributivos; (b) en ningún caso se podrá disponer la no liberación del acusado durante el proceso sobre la base de conceptos tales como “alarma social”, “repercusión social” o “peligrosidad”212, pues son juicios que se fundamentan en criterios materiales y convierten a la prisión preventiva en una pena anticipada; y (c) reiteró que los límites legales a la concesión de la libertad durante el proceso o la imposición legal de la prisión preventiva no pueden ser considerados condiciones iuris et de iure, que no necesiten ser probadas en el caso específico y que sea suficiente su mera alegación.La Convención no admite que toda una categoría de imputados, por esa sola condición, quede excluida del derecho a permanecer en libertad durante el proceso2155.
La Comisión ha observado que la aplicación de la prisión preventiva sobre la base de la gravedad del delito no siempre es una cuestión de diseño legal. En su visita a Uruguay, por ejemplo, la Relatoría de PPL observó que los representantes del Poder Judicial manifestaron su firme convicción de que la gravedad del delito es en sí misma una circunstancia que hace presumir que el imputado incurrirá en alguna acción justificativa de la necesidad de decretar la prisión preventiva. En atención a esta realidad, la CIDH instó al Estado, sobre todo, a “promover un verdadero cambio de paradigma en la concepción de la procedencia y necesidad de la prisión preventiva”.

Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos