INDDHH implementa mecanismo contra la tortura

En defensa propia

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Cancillería implementaron el Mecanismo Contra la Tortura que visitará cárceles, siquiátricos, geriátricos y “cualquier establecimiento donde haya personas que no puedan retirarse por su propia voluntad”. El presidente de la INDDHH, Juan Raúl Ferreira destacó que el país cumple “por primera vez en 20 años” con todas sus obligaciones internacionales en DDHH.

El canciller Luis Almagro y el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Raúl Ferreira firmaron este viernes el protocolo de actuación para implementar el Mecanismo de Prevención Contra la Tortura en nuestro país.

Almagro destacó que le Protocolo es un “paso fundamental en cumplimiento de las obligaciones que tiene el país, respecto a la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles y Degradantes, así como la ley 18446 que da a la INDHH conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores la coordinación en la prevención del tema tortura a nivel nacional”.

Fuente: Montevideo COMM

Comunicado

8 de noviembre de 2013

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enfáticamente el procesamiento de ciudadanos que, en el uso legítimo de sus derechos, se hicieron presentes el pasado 15 de febrero ante la Suprema Corte de Justicia, en apoyo a la jueza Mariana Mota.
La democracia se fortalece con la participación de cada uno de sus ciudadanos y el derecho a manifestarse. Cualquier acción que persiga y condene ese derecho va en su contra.
Consideramos desmesurados y gravísimos los procesamientos por episodios que no sólo no constituyen delito, sino que interpretándolos jurídicamente de esta manera se vulnera la libertad de expresión.
El derecho de protesta está expresamente reconocido por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, ya que necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacifica (art. 20), lo cual impone a todos los Estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por los derechos de sus ciudadanos, así como a expresar públicamente los disensos y reclamos.
Seguimos exigiendo que el Sistema Judicial dedique su tiempo y esfuerzo a lograr los cambios necesarios para que los ciudadanos confiemos en él; y en lugar de criminalizar rápidamente a quienes reclaman, busque la manera de resolver las demandas del pueblo que necesita más y mejor justicia.
Abriguemos la esperanza de que este proceso iniciado culmine con la revocación del auto de procesamiento.

POR MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Hijos Uruguay
Crysol – Asociación de Ex Presos Políticos
Mesas Ejecutiva del Pit Cnt
FEUU - Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media
Mesa Permanente contra la Impunidad
Asociación de Amigas y Amigos del MUME
Fundación Mario Benedetti
SERPAJ Uruguay - Servicio Paz y Justicia de Uruguay

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos - HIJOS Uruguay
Crysol Asociación de Ex Presos Políticos - Mesa Ejecutiva del Pit Cnt
FEUU - Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media
Mesa Permanente Contra la Impunidad - Asociación de Amigas y Amigos del MUME
Fundación Mario Benedetti - SERPAJ Uruguay

Invitan a la Conferencia de Prensa a realizarse el viernes 8 de noviembre,
a las 11 horas, en la Sala de Actos del Pit Cnt (Jackson 1283)
ante el procesamiento de un grupo de manifestantes en la Suprema Corte de Justicia

“Hay un estado policial desbocado”, afirman organizaciones de DD.HH.

Las organizaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Estudios Legales y Sociales y el Servicio Paz y Justicia-Uruguay, advirtieron que hay un “estado policial desbocado” producto de lo que consideran “errores legislativos”.

“Amparado en la Ley de Procedimientos Policiales -aprobada en el año 2008-, el Estado viene desarrollando operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos”, sostienen las organizaciones"

“La expansión de la vigilancia policial -simbólica e instrumentalmente-, se materializó en las manifestaciones políticas realizadas el 14 de agosto y 24 de agosto, y también en los hechos ocurridos recientemente en el barrio Santa Catalina. Estos hechos se integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas, entre las cuales se cuentan la aprobación de la ley 19.120 (que modifica las faltas establecidas en el Código Penal), el aumento de mínimos de privación de libertad para delitos gravísimos y nuevas tipificaciones en la Justicia Penal Juvenil, y los anteproyectos de Internación Compulsiva y Código Infraccional Juvenil, la aplicación de las medidas de seguridad curativas y educativas previstas en el art. 92 del Código Penal en casos de consumo de alcohol en espacios públicos”, afirman.

Fuente: El País