A la opinión pública

Parece que los impunes salen nuevamente a la luz.

No es que nos sorprendan dichas manifestaciones pues desde hace muchos años venimos denunciando que los aparatos de inteligencia y de represión del Estado siguen operando sigilosamente, en una suerte de continuidad desde el fin de la dictadura hasta nuestros días. Adaptados desde luego a la nueva realidad de actuar en democracia.

En forma permanente han estado amenazando atrincherados en sus asociaciones y apoyados desde dentro de las FFAA por oficiales agazapados y por más de un civil partidario de la “teoría de los dos demonios”.

Hoy en día hay una suerte de embestida presionando al poder político para que no le toquen sus privilegios y conservar su poder. Así lo muestran los últimos acontecimientos: los documentos oficiales que desnudan el espionaje ilegal a partidos y personas, realizado por los servicios de inteligencia militar en democracia; la negativa del Comandante del cuartel de Durazno a poner una placa en memoria de Oscar Fernández Mendieta asesinado en dicho establecimiento en el año 1973; las declaraciones en Florida del Coronel (R) Hartman (25/9/2016) y ahora las expresiones en un programa radial del presidente del Centro Militar Coronel (R) Carlos Silva reivindicando en todos sus términos la dictadura militar y la tortura.

No se nos debe escapar la vinculación de estos hechos, tan alarmantes y notorios, que fueron motivo de múltiples declaraciones de repudio, con otros de igual gravedad como la acción orquestada y coordinada de los abogados de los militares que están sometidos a juicio por violaciones a los DDHH o el operativo en el laboratorio del GIAF en Facultad de Humanidades, tratando de amedrentar a quienes trabajan en la búsqueda de nuestros seres queridos y compañeros desaparecidos.

Estamos convencidos que todo esto es fruto de la impunidad que por tantos años gozaron sus delitos, y que todavía, en su mayoría, no han sido investigados y penados. No nos cansaremos de denunciar que las instituciones militares actuaron como cuerpo, que se sigue manteniendo el pacto de omertá y no han hecho un reconocimiento público del daño ocasionado a la sociedad.

Seguramente parte de la oficialidad de hoy no integraba la Institución de esos años, pero la que hoy integran mantiene esa unidad sin arrepentimiento alguno con ese pasado terrorista, y es educada e instruida por los viejos oficiales, oficiales que sí torturaban, asesinaban, desaparecían, o veían torturar, asesinar, desaparecer, como una estrategia de sus jefes para involucrar al cuerpo entero; como forma de instaurar el terrorismo de estado en nuestro país -amén de los cursos y adiestramientos liderados por organismos como el Mossad y la CIA-. Todo eso hoy ya muy investigado y demostrado.

Por eso sostenemos, que sin una limpieza profunda de la Institución militar, desterrando el autoritarismo y las ideas anti democráticas y anti republicanas se abona el camino de repetir el pasado.

Por eso nos preguntamos: HASTA CUANDO los poderes del Estado, los partidos políticos seguirán mirando para otro lado sin ver la importancia que tienen tan graves expresiones y acciones. Nuestra sociedad merece una respuesta clara y un accionar resuelto, de quienes tienen el deber y la responsabilidad de salvaguardar las libertades y la democracia.

Por lo que compete a nosotros, como siempre desde nuestro nacimiento como colectivo, comprometidos en la lucha por la Verdad y la Justicia, hemos denunciado y luchado contra “el pacto de silencio” y la “distracción” de muchos que no quieren enfrentar la realidad, siguiendo la lógica que “no hay que agarrarle la cola al león porque se puede enojar”.

Miedo, temor, terror, intimidación, amenazas, no construyen las bases sólidas de ninguna convivencia democrática.

De una vez por todas se debe propiciar un gran debate nacional sobre las FFAA cuyo eje delimite su rol y responsabilidad en una sociedad republicana y garantista.

Por Verdad, Justicia, Memoria y nunca más Terrorismo de Estado

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Montevideo, 2 de noviembre de 2016.

Ante la aprobación de ley que modifica el régimen de libertad anticipada

Repudiamos y manifestamos nuestra preocupación ante la ley aprobada por el Parlamento referente a la restricción de las libertades anticipadas para reincidentes, reiterantes o habituales. La misma implica un retroceso importante en materia de Derechos –y no de beneficios, como retóricamente es utilizado por actores del sistema político- en relación a la ley de Humanización Carcelaria, promovida también por el actual partido de gobierno, con la contradicción que esto representa.

Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas que el conjunto del sistema político acordó con una fuerte lógica punitiva y de castigo, sosteniendo que más tiempo de encierro, por lo tanto más dolor, generará otra posible trayectoria en las personas que se encuentran privadas de su libertad. Trasladar únicamente el fracaso en el desistimiento del delito a las personas que están recluidas, por un lado, pretende ocultar las falencias e ineficiencias que el sistema todavía tiene al no poder elaborar un proyecto institucional sistémico respecto a cómo se debe abordar a los sujetos que han cometido un delito. Por otro lado, visibiliza la limitada mirada que el sistema político tiene sobre el tema, repitiendo discursos y prácticas propios del paradigma cultural de los noventa donde castigo e individuación eran ejes centrales.
Nuestro sistema carcelario se encuentra colapsado y en emergencia continua. Treinta y dos personas murieron este año y, sin embargo, continuamos eligiendo la cárcel como única medida para narrar y resolver nuestros conflictos. El encierro es un depósito de personas en donde se termina de desarrollar la trayectoria de seres matables de los sujetos que la habitan.

El sistema político uruguayo no sólo se niega a dar un debate profundo e integral sobre convivencia y prácticas ilegales, alternativas a la privación de libertad, democratización de las fuerzas de seguridad, entre otras, sino que adopta y ejecuta medidas que históricamente han fracasado, construyendo una política de Estado desde el grito irracional legítimo de un electorado que les exige una respuesta inmediata.
Todo lo mencionado, expone y refuerza el consenso hegemónico del sistema político sobre las respuestas al delito y su irresponsabilidad a la hora de actuar, banalizando los conflictos sociales, desconociendo que los procesos de transformación requieren políticas integrales, cuyos resultados serán tangibles a mediano y largo plazo.

Montevideo, 21 de octubre de 2016