Comunicado a la Opinión Pública

En el día de ayer, miércoles 13 de febrero, se dio a conocer la intempestiva decisión de la Suprema Corte de Justicia de trasladar a la Dra. Mariana Mota al ámbito de lo civil, desafectándola de su titularidad en el juzgado penal.  Esta sede tiene más de cincuenta causas referidas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos acaecidas durante el terrorismo de Estado que han sido diligenciadas con rigor, seriedad y respeto.

Resultan de público conocimiento los obstáculos que debió enfrentar por parte del propio Estado y de autoridades del gobierno para llevar adelante estas investigaciones, así como los múltiples cuestionamientos y advertencias recibidas por parte de la corporación ante expresiones vertidas respecto del sistema judicial así como a su participación en eventos tanto sociales como académicos.

Despersonalizando esta situación concreta, denunciamos esta práctica que se manifiesta de forma reiterada e inequívoca a lo largo de estos años, que evidencia la intención de mantener intacta la impunidad.

Una de las mayores fortalezas de un Estado democrático es contar con un sistema jurídico que otorgue las mayores garantías a sus ciudadanos, mediante un conjunto de normas que asegure plenamente la defensa y protección de todos y cada uno de sus derechos fundamentales.

La consolidación de lo antes expuesto supone, rigurosamente, la independencia de sus magistrados de forma tal que fortalezca el desarrollo de las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la aplicación de la normativa legal y su Constitución, como eje primordial de un Estado, en consonancia y armonía con las normativas supra nacionales.

El órgano supremo del Poder Judicial debe a su vez garantizar de manera categórica, a sus magistrados y funcionarios, el ejercicio pleno de las facultades por él concedidas sin tener que estar expuestos a la voluntad o presión de otros poderes públicos o a cualquier opinión, sea cual fuere el lugar de donde provengan.

El requisito de la permanencia de los/as  jueces/as en sus cargos refuerza, indiscutiblemente, el desarrollo fluido y permanente de las etapas procesales garantizando el cumplimiento del debido proceso y por ende, la fortaleza de cualquier sistema judicial.

Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, debido a que no se trata del primer desplazamiento de un magistrado que tiene a su cargo causas vinculadas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado en nuestro pasado reciente . Cada denunciante, cada familiar, cada víctima sigue viendo afectado su derecho a acceder a la justicia y la verdad, mientras un nuevo magistrado toma conocimiento de cada expediente para reconstruir nuevamente las pruebas, dilatando los procesos por años.

Esta decisión obstaculiza y enlentece el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, referidos a delitos de tortura, secuestro, desaparición forzada, violación y prisión prolongada entre otros, lesionando la integridad de un estado democrático y la imprescindible construcción de ciudadanía para el ejercicio pleno de las garantías de cualquier colectivo social.

Constituye también un nocivo mensaje de falta de voluntad política para colaborar en el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recae sobre nuestro país.

Perpetuar la impunidad es la garantía para denigrar a la condición humana en todas sus expresiones y la certeza de construir sociedades cada vez más injustas y violentas para las generaciones venideras.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos

Hijos Uruguay

Asociación de ex pres@s políticos Crysol

Servicio Paz y Justicia - Uruguay

SERVICIO PAZ Y JUSTICIA | Joaquín Requena 1642
Tel: (+598) 2 408 5301 | Fax: (+598) 2 408 5701
C.P. 11.200 | Montevideo - Uruguay

serpaj facebookserpajm2hosting

Las imágenes del slide son autoría de José Gurvich

 
Free Joomla Theme by Hostgator