COMUNICADO DE PRENSA

Atlas de la Tortura – Haciendo un seguimiento de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura

URUGUAY

En marzo de 2009, en mi calidad como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura, realicé junto con mi equipo una misión oficial de investigación ante la invitación del gobierno del Uruguay, recibiendo total cooperación por parte del mismo. Si bien no encontramos demasiada evidencia de tortura, nos alarmaron las condiciones de detención inhumanas, sobre todo en las cárceles de Libertad y COMCAR. Si bien mi informe se consideró duro, fue de todas maneras aceptado en un notable espíritu de auto-reflexión y cooperación por parte del anterior gobierno del Presidente Tabaré Vázquez, que poco tiempo después ordenó el cierre de Las Latas. Nos sentimos aún más animados por el hecho de que el actual gobierno del Presidente Mujica ha establecido la implementación de nuestras recomendaciones como prioridad dentro de sus esfuerzos por reformar la justicia penal.

A vía de ejemplo, nos gustaría mencionar el establecimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación y los esfuerzos realizados por contratar personal penitenciario civil, el apoyo a una reforma integral del Código de Proceso Penal, la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura (OPCAT) y el establecimiento de un Mecanismo Nacional de Prevención dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la reorganización de la institución responsable por los menores infractores, y la renovación y construcción de nuevos centros de detención, todo lo cual implicó grandes contribuciones económicas por parte del Estado. Además, la transparencia y apertura por parte del actual Gobierno para mantener un diálogo con las distintas partes interesadas es admirable.

Nos complace volver al Uruguay en el contexto de un proyecto de cooperación financiado por la Unión Europea, que tiene por objetivo asistir al gobierno y a la sociedad civil en sus esfuerzos por implementar nuestras recomendaciones realizadas en el 2009. Estamos agradecidos por la cooperación y el apoyo recibido por parte de todas las partes interesadas durante nuestras reuniones, incluyendo a los Ministros del Interior y de Salud Pública, el Ministro de Relaciones Exteriores en funciones, el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, el Presidente del SIRPA, el Fiscal de Corte Interino, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, y representantes de organizaciones no gubernamentales e inter-gubernamentales. Nos complace especialmente que el Presidente de la República se haya hecho un lugar para reunirse con nosotros en el día de hoy.

En base a las discusiones mantenidas con todas las partes interesadas pertinentes y a la oportunidad de visitar nuevamente una serie de cárceles, llegamos a la conclusión de que una reforma del sistema penitenciario solamente puede tener éxito dentro del marco de una reforma integral de todo el sistema de justicia penal. Si bien Uruguay no se encuentra entre los países con una tasa particularmente alta de delincuencia, presenta la segunda tasa más alta de encarcelación en toda América del Sur. El hecho de que aproximadamente dos tercios de todos los detenidos son procesados no penados muestra una grave deficiencia del sistema de justicia penal. A nivel mundial, Uruguay se encuentra en el decimosexto lugar en cuanto a la tasa de detenidos en prisión preventiva. En realidad, no hay distinción entre presos procesados y penados en el sistema penitenciario así como en la percepción por parte de la policía, jueces, fiscales, los medios y el público en general. Luego del arresto de una persona sospechosa de haber cometido un delito, dentro de 48 horas, el destino de esta persona es decidido por la fiscalía y jueces sin que haya una oportunidad adecuada de defensa de acuerdo con el principio de igualdad de armas. Si bien el derecho internacional establece la prisión preventiva como una medida excepcional a ser impuesta por un período de tiempo muy limitado, el derecho uruguayo establece la prisión preventiva como regla en lugar de cómo excepción. De hecho, se utiliza como forma de castigo, lo cual deja sin validez la presunción de inocencia.

El actual sistema de prisión preventiva es la principal causa del hacinamiento y de todos los problemas relacionados al mismo, tales como condiciones de vida inhumanas, condiciones sanitarias pobres, violencia estructural y falta de trabajo, educación y rehabilitación en el sistema penitenciario uruguayo. Si no se soluciona este problema de manera efectiva, cualquier otro esfuerzo bien intencionado por reformar el sistema penitenciario está condenado al fracaso.

Durante nuestras visitas recientes a cárceles, notamos con satisfacción que Las Latas en Libertad y el módulo 3 del COMCAR fueron cerrados el año pasado por el gobierno actual. Sin embargo, constatamos que las condiciones en algunos módulos del COMCAR están aun peor que en el 2009 y que mi urgente recomendación como Relator Especial de cerrar dichos módulos no se ha cumplido.

Además, nos sorprendió el hecho de que, si bien la política del gobierno es transferir la gestión de cárceles del personal policial a personal civil, la gestión de los dos centros de detención más grandes del país, COMCAR y Libertad, parece estar guiada por un enfoque orientado predominantemente a la seguridad.

Habiendo dicho esto, de todas maneras confiamos plenamente en que el actual gobierno acelerará sus esfuerzos de reforma a largo plazo orientados hacia una ágil adopción del nuevo Código de Proceso Penal y la implementación de un sistema penitenciario cuyo fin sea la rehabilitación y la reintegración de los delincuentes. Nos gustaría que nuestro proyecto pueda contribuir en la consecución de estos objetivos. En especial, quisiéramos ofrecer nuestra asistencia en el desarrollo de normas integrales para el funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación, específicamente con respecto a estándares mínimos de tratamiento de personas privadas de libertad, y al establecimiento de un sistema de denuncias interno efectivo. En relación a la implementación de un nuevo enfoque en el tratamiento de menores detenidos, proponemos asistir en el desarrollo de reglamentaciones legales sobre los derechos de los menores detenidos. Por último, creemos que para un efectivo funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención es necesaria una clara definición y reglamentación legal con respecto a su independencia, composición y mandato, así como a la capacidad profesional de sus miembros y personal. Estamos a disposición para brindar asesoramiento y capacitaciones en estos temas.

La especificación detallada de nuestras actividades se elaborará en cooperación cercana con las instituciones de gobierno y organizaciones de sociedad civil relevantes. En este contexto, nos complace anunciar que SERPAJ ha aceptado asumir la función de principal punto focal nacional para la implementación de nuestras actividades. Como siguiente paso, estamos planificando realizar una conferencia de expertos a fines de Mayo, concentrándonos en las áreas mencionadas anteriormente y elaborando un plan de trabajo a ser implementado en el transcurso del siguiente año y medio.

El equipo del proyecto Atlas de la Tortura en el Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos está formado por expertos en el campo de prevención de la tortura, derechos de detenidos y reforma penitenciaria.

Manfred Nowak es profesor de derecho internacional y derechos humanos en la Universidad de Viena y Director del Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos. Desde el 2004 hasta el 2010, ejerció como Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura; en esta función llevó a cabo misiones de recolección de datos en 18 países en todo el mundo. .

Este comunicado de prensa se realizó con la ayuda de la Unión Europea. El contenido de la presente publicación es exclusiva responsabilidad del Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea.