Sensibilización e información en DDHH ante la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad

Este proyecto financiado por la Fundación Umverteilen de Alemania, consiste en la realización de talleres de información y debate acerca de los derechos de los niños/as y adolescentes, los riesgos y consecuencias que acarrea la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, promovida por algunos sectores político - partidarios.

SERPAJ convoca y dinamiza los espacios de discusión en Montevideo y diversas ciudades del interior del país. Asimismo, pone a disposición una batería de materiales informativos para la discusión profunda de la temática.

El Uruguay y los países de la región padecen un aumento en el uso de la violencia instrumental y simbólica por parte de sus Estados. La actual reorganización hegemónica comprende también una reorganización penitenciaria, con el pasaje del Estado social a lo que algunos autores definen como Estado penal.

La lógica no-estatal que primó en el sistema político de la década de los noventa, reflejado en la ausencia de las políticas sociales, se convirtió –sobre todo en Uruguay a partir de la aprobación de las Leyes de Seguridad Ciudadana-  en las políticas criminales altamente punitivas que hoy encierran a cientos de personas por año. Recordemos que el Uruguay tiene uno de los menores índices de violencia societal de las Américas.

El aumento aritmético de las poblaciones de los centros de privación de libertad –tanto de adultos como de adolescentes- obedece en gran medida a la cultura selectiva e inquisitiva del Sistema Penal, a la ineficacia del Sistema Carcelario para propiciar otras trayectorias de vida y al populismo punitivo del Estado que aleatoriamente ejecuta políticas criminales para legitimarse ante la opinión pública frente a la sensación de inseguridad. En este contexto se exacerba el sentido de seguridad, anulando la seguridad de los derechos.

La privación de libertad  en adolescentes es la primera opción por parte de la Justicia Penal Juvenil en repuesta al delito. Esta interpretación de la norma es contraria a los acuerdos internacionales asumidos por nuestro Estado. En este sentido, la CDN (Convención sobre los Derechos del Niño) establece que la privación de libertad debe ser la última medida a tomar.

Según un Informe de UNICEF publicado recientemente, la mayoría de los delitos cometidos por adolescentes están relacionados con la propiedad privada. En este escenario -por ejemplo- el Poder Legislativo modificó recientemente la tentativa de hurto, tipificándola. 

A principios de este año uno de los Partidos Tradicionales (Colorado) inició una recolección de firmas con el fin de llevar a plebiscito la baja de la imputabilidad. Junto a  ellos se replegaron algunos sectores del Partido Nacional.

Frente a esta situación sectores de la sociedad civil y de organizaciones sociales formamos una coalición denominada “Comisión Nacional No a la Baja”, que tiene como objetivo  incidir en la discusión sobre la propuesta de Partido Colorado de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años.

El proyecto intenta propiciar otras miradas y discursos sobre la minoridad infractora desde la perspectiva de DDHH. Esta lectura debe estar enunciada y atravesada sobre el pleno acceso y ejercicio de todos los derechos de los adolescentes, y por lo tanto, contraria a la vacua propuesta planteada a la complejidad del tema. Además instala y visibiliza el  no cumplimiento de las obligaciones del Estado Uruguayo en relación a las Convenciones  ratificadas.

Este proyecto se encuentra en sinergia con la campaña comenzada por la “Comisión No a la Baja”, y la cual integramos como organización de DDHH.

El Servicio Paz y Justicia y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales realizan talleres de discusión acerca de las consecuencias de bajar la edad de imputabilidad.

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Las imágenes del slide son autoría de José Gurvich

 
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