URUGUAY NUNCA MÁS
27/06/2023
Cuando las naciones son atravesadas por conflictos extremos, represiones y períodos de violencia a gran escala y alto impacto, como los ocurridos en nuestro Cono Sur, devastado por la barbarie de las prácticas implementadas por los sistemas represivos del Plan Cóndor, es la Justicia Transicional la que refiere a una serie de mecanismos que los países deberían implementar para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Se denominan comisiones de la verdad aquellas que tienen por cometido: “establecer los hechos acaecidos en el periodo de conflicto o dictadura, mediante la investigación y exposición de los crímenes cometidos, aportando así la información recogida a la reparación integral de las víctimas y a la reconstrucción del tejido social”. A saber: cuales eran y dónde estaban los centros clandestinos de tortura, quienes fueron los perpetradores y quienes fueron cómplices (militares, policías o civiles) que facilitaron el ejercicio del horror. Que medios utilizaron parar llevar adelante los crímenes, la información del destino de las personas desaparecidas, dónde enterraron sus cuerpos…
Eso es, ni más ni menos, la búsqueda de la verdad.
Sin entrar a consideraciones de cómo se implementaron las comisiones en América Latina, sus retos son lograr una verdadera independencia respecto a los Estados y los demás actores, la transparencia y legitimidad y una comunicación fluida y permanente con la sociedad civil. Concluyen con una investigación y la realización de un informe que contenga un análisis de coyuntura, que dé cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos, identificación de los responsables (sean individuales o institucionales) y las recomendaciones para conformar las garantías de no repetición.
Fueron Argentina y Brasil las primeras en redactar y divulgar sus informes con el sentido de que el “Nunca Más” fuera una consigna de resistencia y recordación para los pueblos que padecieron la Doctrina de la Seguridad Nacional y el terrorismo de Estado.
A diferencia de Argentina que contó con la voluntad política del presidente Raúl Alfonsín, quien constituyó una comisión investigadora y que fuera encabezada (entre varias personalidades relevantes) por Ernesto Sábato y a diferencia de Brasil, que contó con el total apoyo de la Iglesia representando un enorme sentir popular, Uruguay intentó seguir ese camino pero con un contexto distinto.
Se crearon dos comisiones parlamentarias con el propósito de esclarecer los graves hechos del pasado: “Comisión Investigadora sobre el secuestro y asesinato, perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini” (20.02.1985) y la “Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron” (09.04.1985). Tres meses después esta esta comisión presentó un copioso informe pidiendo que se remita a la Suprema Corte de Justicia que contiene testimonios, nómina de oficiales policiales y militares responsables de delitos y concluye confirmando la desaparición de 164 personas. El poder Ejecutivo decide no hacer público el informe.
En la madrugada del 22 de diciembre de 1986, el Parlamento aprueba la ley 15.848, Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, lapidando todo tipo de intento de esclarecer los delitos cometidos y lograr la verdad necesaria.
Será el Servicio Paz y Justicia el que en 1985 publique el primer informe sobre la violación a los derechos humanos entre 1972 y 1985. El carácter emblemático del Uruguay Nunca Más se debe a que es el único informe del Cono Sur que se realizó exclusivamente desde sociedad civil.
Su rigurosa metodología, la verificación y veracidad de la existencia de los lugares que se denuncian como centros de tortura (clandestinos y no clandestinos) relevados hasta 1988, la recopilación y sistematización de testimonios de más de 300 víctimas del terrorismo de Estado procesadas por la Justicia Militar y la caracterización de la tortura y la prisión prolongada como prácticas sistemáticas la convirtió en una obra fundamental.
Como dice en su prefacio: “…el lector encontrará sí, una exigencia irreprimible de dignidad y de justicia”.
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